Cuál es el objeto de la nueva Ley?
Esta nueva regulación pretende dar un paso decisivo para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en su artículo número 12, donde se indica que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones al resto de personas. De hecho, lo que busca esta ley es hacer un bien a la persona con discapacidad sin privarla de sus derechos, velando así por sus intereses.
Cuál es su contexto legal?
A nivel legal, partimos de un ordenamiento jurídico caracterizado por la sustitución de la persona que sufre la discapacidad en el momento de tomar decisiones, mientras que el objetivo es lograr un sistema en el cual se priorice el respecto a la voluntad y se dé todo el valor a las preferencias de la persona que, de forma general, será quien tome sus decisiones.
Así pues, la presente Ley está basada en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad, así como los principios de necesidad y de proporcionalidad de las medidas de apoyo que, si se diera el caso, pudiera requerir la persona con discapacidad a fin de ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
Entendiendo que la incapacidad civil es un concepto complejo, nuestro equipo de abogados quiere ayudarle a entender todo lo que compuerta.
Cuáles son sus principales contenidos?
Estudiando con más precisión la Ley podemos ver que en el momento de concretar los “apoyos” que podría necesitar la persona en cuestión, la nueva regulación hace prevalecer las medidas voluntarias, es decir, las que puede escoger y decidir la persona con discapacidad. En esta línea, la figura a la que tenemos que prestar más atención es la curatela, la cual pasaría a ser la principal medida de apoyo de origen judicial, teniendo por objetivo la asistencia, el apoyo y la ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica, excluyendo pues las actuaciones de carácter representativo. Siguiendo este criterio, la nueva regulación elimina la figura de la tutela, tanto utilizada para sustituir a la persona con discapacidad en la toma de decisiones, pero también se eliminan de este ámbito la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada.
De este modo, en el supuesto de una persona menor de edad con discapacidad, cuando ésta llegue a la mayoría de edad se le designarán los apoyos que necesite, en la misma línea que una persona adulta.
En que ha variado la situación de las incapacidades con la nueva Ley?
A partir de ahora, las sentencias donde se declaraba la incapacidad, podrán quedar obsoletas y sin efectos. Así lo establece la Disposición Transitoria primera, donde se indica que cualquier privación de derechos efectuada quedará ya sin efectos con la entrada en vigor de la nueva Ley, desde el día 3 de septiembre del 2021, hecho ante el cual tendremos que aportar todas las alegaciones posibles para que se modifique la capacidad de la persona afectada. Estamos ante un cambio de mentalidad, donde se busca partir de nuevos principios y no de bases paternalistas. Así las cosas, se da especial relevancia a la función de las medidas de apoyo, las cuales pretenden respetar la voluntad de la persona con discapacidad, así como sus deseos y derechos, resultando ser una legislación muy respetuosa, sin pasar nunca por encima de los derechos de la persona en cuestión.
Procedimiento
Hasta el día de hoy, cuando una persona con discapacidad ha estado siendo tutelada, ahora se encuentra en la situación de hacer valer sus derechos más legítimos y dar valor a sus decisiones. Siguiendo el procedimiento dirigido a proveer de apoyos a estas personas que, sin requerir de una persona que actúe en nombre suyo en todas las decisiones de su vida, solo requieran alguna asistencia en ámbitos muy concretos de su día a día.
Es reversible esta situación de incapacidad?
La respuesta es sí. Para dejar sin efecto la sentencia de incapacidad dictada por el juez, será necesario aportar un gran número de pruebas y, por lo tanto, es un proceso que, a pesar de ser sencillo en términos judiciales, requiere gran número de documentación, tiempo y un buen asesoramiento. Por esta razón, contar con los servicios de un abogado especializado en Derecho Civil que se encargue de asegurar que el procedimiento llega hasta donde se desea es fundamental.
PRADAS i MARTÍ ADVOCATS es un despacho de abogados situado en Caldes de Montbui, con amplia experiencia en la especialización en Derecho Civil que lo asesoraremos de forma profesional y personal en su caso de modificación de la capacidad, buscando la mejor solución y adaptándola a sus necesidades.
